Diversos medios de comunicación y organizaciones mostraron su apoyo a una petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370 en Cuba, usado por el gobierno para acallar las voces críticas en su contra.
El Decreto Ley 370 “supedita el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación”, afirma el comunicado de casi sesenta firmantes y que ha sido replicado por diversos sitios digitales, entre estos Cubanet.
El derecho a la libertad de expresión en Cuba está amenazado por la aplicación del Decreto Ley 370, “sobre la Informatización de la sociedad en Cuba”, que faculta a las autoridades para tomar represalias contra los ciudadanos, incluso, por difundir sus opiniones en redes sociales.
Por esta razón, numerosas organizaciones y medios de comunicación respaldan la petición presentada el pasado 8 de junio en Cuba ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el presidente de la República para declarar inconstitucional este decreto, usado para aumentar los ataques contra los habitantes de la isla, para quienes ya es un riesgo quejarse en Facebook o Twitter ante cualquier problema.
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Entre los firmantes se encuentran varios conocidos medios independientes, cuyos periodistas enfrentan los riesgos de ejercer su labor en la isla sin la autorización del gobierno, y de los cuales, varios han sido multados por la aplicación de este.
Entre estos están El Estornudo, Diario de Cuba, Cubanet, Tremenda Nota y CiberCuba, además de organizaciones como Access Now, Alas Tensas, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Árbol Invertido: Cuba, cultura y libertades, Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
Los firmantes explican que las 64 personas que suscribieron la mencionada solicitud lo hicieron “en representación de más de 500 residentes en Cuba y de 3 mil 100 de origen cubano y de otras 83 naciones, quienes firmaron la “Declaración contra el Decreto Ley 370: Ley Azote”, publicada en la plataforma Avaaz.
Según el comunicado, entre las restricciones que la norma impone a derechos como la participación política y la libertad de expresión en Cuba están las siguientes:
- Sanciona la difusión de información en redes sociales contrarias al “interés social”, “la moral” y “las buenas costumbres”, categorías que no definen la conducta ilícita e inhiben el debate en el ámbito público y político.
- Autoriza el castigo y persecución de investigadores en seguridad informática que publican y alertan sobre la existencia de vulnerabilidades en sistemas informáticos.
- Otorga facultades discrecionales al Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) para el otorgamiento de licencias sobre programas y aplicaciones informáticas.
- Impide la fabricación, instalación, comercialización de dispositivos asociados a las TIC, sin autorización, lo cual afecta el desarrollo de redes comunitarias que garantizan el acceso a Internet y reducen la brecha digital.
- Impide el hospedaje de sitios web ubicados en servidores extranjeros que no sean réplicas de los servidores nacionales; con lo cual declaran ilegales los blogs personales y medios independientes a los que se les niega acceso al dominio “.cu”. Esto permite al gobierno controlar y acceder a la información personal de los usuarios.
La publicación afirma que el Estado cubano “debe garantizar el derecho de acceso a la información a través de cualquier medio, en particular a través de Internet. Insistimos en que penalizar y calificar como contravenciones legales el ejercicio de la libertad de expresión y restringir el acceso y la publicación de contenidos en Internet, esgrimiendo motivos de orden público o seguridad nacional, posee un efecto amedrentador en la dimensión colectiva de los derechos de libertad de expresión y de reunión”.
Personas y organizaciones independientes no han parado de denunciar las violaciones al derecho a la libertad de expresión que se han producido en los últimos días, pues se reportan decenas de sancionados por el decreto, de acuerdo con cifras del periodista cubano José Raúl Gallego.
La semana pasada, Gallego situaba el número en 28 y contó cómo comenzó, recientemente, esa petición para declarar la inconstitucionalidad del Decreto Ley 370, que “viola el derecho a la libertad de expresión y la propia Constitución cubana”, como afirmó en su cuenta de Facebook.
En la publicación explica que dirigió un correo a la Fiscalía, Presidencia, Asamblea Nacional del Poder Popular y Tribunal Supremo con dicho reclamo, que también fue entregado de manera formal en estas instituciones por personas residentes en la isla.
“Nos queda a nosotros llenar los buzones de correo electrónico de estas instituciones para que sepan que somos muchos más los que nos oponemos a esta norma”, afirmó Gallego, quien invita a sumarse, y recuerda que enviar un correo “no es nada ilegal, estamos haciendo uso de un derecho reconocido en el artículo 61 de la Constitución vigente. Que nadie pueda decirnos luego que no agotamos todas las vías legales establecidas por el propio sistema”.
Bajo el peso del decreto Ley 370 han sido multadas decenas de personas, quienes mediante redes sociales colocan fotos con el talonario de las multas recibidas, cuyos montos suelen ser de 3000 pesos, más de tres veces el salario promedio del país. Además les han decomisado equipos electrónicos.
Entre los afectados se encuentra la conocida periodista independiente cubana Mónica Baró -multada con el mencionado monto- mientras otro periodista, Yoe Suárez, relató que recibió amenazas sobre posibles represalias con esta normativa con el objetivo de coartar la libertad de expresión.
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El peligro escondido en la norma constitucional, publicada en el sitio del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, se encuentra en un controvertido artículo 68, especialmente en el inciso i), que plantea como delito la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
De esta vaga e imprecisa definición se han agarrado las autoridades para limitar la libertad de expresión a personas como el youtuber granmense Yander Serra, quien denunció en su cuenta de Facebook que “todo (ocurrió) por el último video de mi canal”.
Julio Linares
