Serán juzgados de acuerdo al Código Penal de la isla, los cubanos que escaparon de centro de aislamiento en Sancti Spíritus
Este fin de semana un grupo de seis cubanos que estaban internados en un centro de aislamiento en la provincia de Sancti Spíritus por ser sospechosos de contagio con coronavirus, escapó a sus casas violando las directivas gubernamentales.
En estos lugares ubicados a todo lo largo del país, son recluidos con obligatoriedad todos los ciudadanos que presentan algún síntoma afín con los que provoca dicho virus hasta que se le haga la prueba pertinente para descartarlo.
Ocurrió exactamente en la escuela Alberto Delgado del municipio cabecera de Sancti Spíritus, instalación habilitada para este fin. Los médicos y enfermeras se percataron de la ausencia colectiva en horas de la noche cuando visitaban a los pacientes para chequear su estado de salud y dieron la alarma a las autoridades pertinentes.
El Consejo de Defensa Nacional, autoridades de la salud, la policía y la Fiscalía General de la República iniciaron un operativo y en unas horas lograron dar con los fugados.
“En menos de 24 horas fueron capturadas. Estas personas fueron detectadas en sus domicilios y fueron remitidas nuevamente al centro de aislamiento donde se encontraban a cumplir con el término previsto por las autoridades sanitarias”-le confirmó al periódico provincial Escambray, Anamaris Conde Reboso, fiscal jefa del municipio.
Según el código penal cubano, la evasión de las disposiciones sanitarias en momentos de epidemia es un delito y todas las personas fueron instruidas de cargo antes de ser devueltas a la instalación.
Conde Reboso al referirse al hecho dijo que esto está contemplado y sancionado en el artículo 187 de esta norma penal sustantiva y agregó que “se ha formulado la denuncia penal a esas personas por las autoridades facultadas y han sido instruidas de cargo por los hechos”.
La dureza con la que ahora las autoridades pretenden juzgar a quienes han violado el aislamiento entra en contradicción evidente con el largo tiempo en que, pese a la alarma internacional por la pandemia, el gobierno cubano hizo lo imposible para aparentar normalidad.
El Código Penal contempla sanciones de privación de libertad para quienes infrinjan las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, en pos del control o erradicación de enfermedades graves o epidemias.
Dicho código vigente, en el apartado referido a los delitos contra la salud, establece que quien “infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de enfermedades o epidemias de carácter grave o peligrosas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a 300 cuotas o ambas”.
“En igual sanción incurre el que se niegue a colaborar con las autoridades sanitarias en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves o en los territorios colindantes expuestos a la propagación”.
Igualmente, “el que maliciosamente propague o facilite la propagación de una enfermedad, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años”.
Anamaris Conde Reboso puntualizó que ahora el proceso está abierto y comenzará “un despliegue de investigaciones policiales y penales.
“Es importante resaltar que el proceso penal no va a ser la solución a la pandemia que está viviendo el mundo. Lo más importante es la prevención, la actuación social, la confianza ciudadana, el aislamiento y que cada cual haga lo que le toca hacer”-recalcó, y terminó augurando que “caerá el peso de la ley sobre los infractores de la norma”.
