Las multas llegan porque muchos taxistas privados se resisten a bajar los precios
Desde que este primero de febrero se pusiera en práctica la medida que varios meses antes había prometido el Ministerio de Transporte para los choferes privados en La Habana, la situación de la ciudad ha devenido de mal en peor. Y las multas son la amenaza.
A grandes rasgos, esta resolución establece los precios máximos que los taxistas pueden cobrar por las rutas definidas en la capital. Para ello debían haberse adscrito a una licencia regular, con la cual tienen el “beneficio” de adquirir combustible a costos diferenciados y menores.
Este pasado martes el sitio oficialista Cubadebate presumía de las multas que han recibido los conductores que no han cumplido la ley y que continúan con la tarifa anterior. “Solo tres días lleva de aplicada la nueva medida y aunque de los 2 514 transportistas privados, el 82 por ciento renovó su Licencia de Operación de Transporte, ya se han aplicado 19 contravenciones por un importe de 35 000 pesos”, explicaban.
En esta partida, como en muchas otras, los choferes han dejado claros sus motivos y la mayoría suele expresarlos con gran espontaneidad. Yosniel Villafranca, por ejemplo, alega que la actual legislación ha sido un chantaje de los grandes. “El gobierno quiere topar los precios, pero no porque le importe el bolsillo del pueblo. Lo que no toleran es ver cómo crece, o mejor, cómo resiste el sector privado. Yo no hago nada con que me rebajen el litro de combustible si al final tengo que pagar una licencia, darles un diez por ciento y, además, emitir un pago a fin de año. Eso sin contar que solamente disminuye el costo del petróleo. Pero ¿qué hay de la grasa, el líquido de freno, las baterías y el motor? ¿Con qué las pago cuando se rompan?”.
De acuerdo a lo que establece la reforma el precio máximo que puede cobrarse en recorridos dentro de la ciudad es de 10 pesos cubanos. Solo se permite llegar a 25 pesos en caso de tramos más largos, como de La Habana Vieja a Santiago de Las Vegas, al Cotorro y a Guanabo. Quien sea sorprendido incumpliendo la nueva regulación, se enfrenta a la multa.
Jesús Suárez Robles se resiste a bajar la tarifa desde el Parque Central al reparto Bahía. “No puedo cobrar solamente 10 pesos, porque sencillamente no da la cuenta. En este país la mayoría de los autos que circulan son viejos, desgastados; las piezas cuestan mucho porque no se encuentran y el Estado no tiene ni siquiera para vendértelas. Entonces, ¿de qué beneficios estamos hablando? Yo sigo con mi cifra habitual de 20 pesos”.
Hace más de cuatro días que el Pontiac azul de Roberto Abreu no sale del garaje. “Prefiero no trabajar y esperar a ver qué pasa. Porque al final, si algo tiene esto de malo, es que todo pasa. Yo no voy a cobrar menos y no puedo perder la licencia porque de eso come mi familia”, cuenta Abreu.
Retirar las licencias ha sido otra de las alternativas que han encontrado las autoridades en su intento por ejercer el control sobre los trabajadores por cuenta propia. Ante este escenario, no salir a la calle ha sido la opción escogida por varios boteros, lo cual ha ocasionado un caos en todos los municipios capitalinos, donde las paradas amanecen abarrotadas de personas sin que haya medios para transportarse.
“Todavía si el Estado tuviera un transporte público digno, la cosa podía tolerarse. Pero ¿cómo van a castigar a quienes están resolviendo el problema? Quiero que me digan qué sería de esta ciudad y de la isla en general si los choferes privados no existieran”, se cuestiona María Antonia Gil, quien dice haber estado una hora y media en la esquina de Boyeros y Tulipán esperando un ómnibus para llegar al trabajo.
“Si aquí es casi imposible coger una guagua normalmente, imagínate ahora, que tantos carros permanecen parados” dice Anaelis Delgado. “He estado de pie por casi dos horas, sin poder abordar ningún vehículo. Se te quitan los deseos de trabajar, de salir, de comprar comida, de vivir”.
Texto y fotos: Lucia Jerez
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