En las últimas semanas, las autoridades cubanas aumentaron los ataques contra los habitantes de la isla, para quienes ya es un riesgo quejarse en Facebook o Twitter ante cualquier problema.
El derecho a la libertad de expresión está amenazado por la aplicación del Decreto Ley 370, “Sobre la Informatización de la sociedad en Cuba”, que faculta a las autoridades para tomar represalias contra los ciudadanos, incluso, por difundir sus opiniones en redes sociales.
Personas y organizaciones independientes no han parado de denunciar las violaciones de este derecho que se han producido en los últimos días, pues ya suman 28 los sancionados por el decreto, según cifras del periodista cubano José Raúl Gallego.
Gallego comenzó, recientemente, una petición para declarar la inconstitucionalidad del Decreto Ley 370, que “viola el derecho a la libertad de expresión y la propia Constitución cubana”, afirmó en su cuenta de Facebook.
En su publicación explica que dirigió un correo a la Fiscalía, Presidencia, Asamblea Nacional del Poder Popular y Tribunal Supremo con dicho reclamo, que también fue entregado de manera formal en estas instituciones por personas residentes en la isla.
“Nos queda a nosotros llenar los buzones de correo electrónico de estas instituciones para que sepan que somos muchos más los que nos oponemos a esta norma”, afirmó Gallego, quien invita a sumarse, y recuerda que enviar un correo “no es nada ilegal, estamos haciendo uso de un derecho reconocido en el artículo 61 de la Constitución vigente. Que nadie pueda decirnos luego que no agotamos todas las vías legales establecidas por el propio sistema”.
Bajo el peso del decreto Ley 370 han sido multadas decenas de personas, quienes mediante redes sociales colocan fotos con el talonario de las multas recibidas, cuyos montos suelen ser de 3000 pesos, más de tres veces el salario promedio del país. Además les han decomisado equipos electrónicos.
Entre los afectados se encuentra la conocida periodista independiente cubana Mónica Baró -multada con el mencionado monto- mientras otro periodista, Yoe Suárez, relató que recibió amenazas sobre posibles represalias con esta normativa con el objetivo de coartar la libertad de expresión.
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El peligro escondido en la norma constitucional, publicada en el sitio del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, se encuentra en un controvertido artículo 68, especialmente en el inciso i), que plantea como delito la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
De esta vaga e imprecisa definición se han agarrado las autoridades para limitar la libertad de expresión a personas como el youtuber granmense Yander Serra, quien denunció en su cuenta de Facebook que “todo (ocurrió) por el último video de mi canal”.
Otro que sufrió en carne propia lo que varios cubanos llaman ya “Ley Azote”, fue el joven Yankiel Gutiérrez, detenido el 3 de junio en el municipio Camajuaní, por estar “muy activo en las redes haciendo parte de la campaña ciudadana para lograr una adecuación de los precios de la Internet por parte de ETECSA, el monopolio de las comunicaciones en Cuba”, escribió la periodista independiente Iliana Hernández, en una publicación compartida por Gallego.
Omar Cortázar
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