Un “receptador” en Pinar del Río ha sido sancionado a 8 meses de privación de libertad. Ojo, la Fiscalía puede decretar decomisos hasta de inmuebles y vehículos que se utilicen en la actividad.
A ocho meses de privación de libertad fue sancionado en la provincia de Pinar del Río, el ciudadano Yanderson Hernández Benítez, bajo la figura delictiva de “receptador”.
Según el medio oficialista Guerrillero, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria de Pinar del Río detuvieron el pasado 30 de julio a Hernández Benítez en plena vía pública de la capital provincial y, al ser requerido, se le descubrió que “trasladaba elevadas cantidades de desodorantes similares a los vendidos a la población en la red comercial minorista”.
Dice la nota periodística que al “receptador” se le ocupó la mercancía, y no pudo definir su procedencia legal, pues de acuerdo con su testimonio, él le compró los desodorantes a personas desconocidas.
Yanderson fue trasladado a su provincia natal donde, “concurrió en libertad al juicio oral y público solicitado por la Fiscalía”.
El Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río lo sancionó por el delito de receptación a ocho meses de privación de libertad. Como medida accesoria, se le decomisó el producto ocupado y quedó detenido con la medida cautelar de prisión provisional en el acto del juicio oral, para asegurar la ejecución de la sanción; por lo que este tiempo se le descontará de la sanción.
La nota precisa que “la sentencia ya es firme, habiéndose cumplido todas las garantías procesales”, pero Hernández Benítez puede apelar su sanción al Tribunal Provincial e incluso al Supremo, lo que dado el poco tiempo que durará su encarcelamiento, parece poco probable que una instancia superior rescinda la sanción a él impuesta.
Batalla contra los “coleros”, revendedores y acaparadores
Las autoridades cubanas se encuentran por estos días inmersas en un enfrentamiento a coleros y revendedores a los que les ha asegurado, no tendrán impunidad.
Entre los nuevos delitos contra los que han enfocado sus armas están aquellos en los que incurren quienes rotan las madrugadas en las colas, hacen listados y reparten y venden turnos.
También están en la mira, los que participan en la reventa de productos, muchas veces al doble o más del precio real.
Los llaman “coleros”, acaparadores y revendedores, y el oficialismo los acusa de entorpecer las medidas de desarrollo económico y social promovidas, y de lucrar con “las necesidades del pueblo trabajador.” Contra todos ellos, han impulsado diversas estrategias encaminadas a erradicar el problema, “de raíz”.
Parte de “la solución”, nace de un documento emitido el pasado 28 de julio por la Fiscalía General de la República. Se trata de la Resolución 47 del 2020, que no es otra cosa que un instrumento legal que resume las normas en vigor para enfrentar este tipo de hechos delictivos.
Medios oficialistas han insistido en que tras las denuncias, en algunos casos se procede con lo que llaman “labor profiláctica”.
Según explican, el trabajo no está enfocado hacia la detención y decomiso, sino hacia la prevención de los hechos y a evitar que los denominados “coleros”, revendedores y acaparadores, sorprendidos, reincidan en la actividad.
No obstante, dice el oficialismo, “se actuará con rigor” en aquellos casos que lo ameriten.
Entre las medidas de rigor están no solo las que pudiéramos definir como sanciones principales (privativa de libertad, trabajo correccional con y sin internamiento, la remisión condicional o la multa), sino que además hay otras como pueden ser la confiscación o decomiso de los bienes que se empleen para la comisión del delito.
En el llamado “actuar violatorio”, aquellos inmuebles que se utilicen como casas almacén; los vehículos de cualquier tipo que se utilicen para el traslado de las mercancías “acaparadas”, así como todos aquellos bienes adquiridos como resultado de cualquiera de estas actividades ilícitas, pudieran ser decomisados.
Las autoridades cubanas han insistido en que, para lograr erradicar esto que ellos consideran “el mal principal” y la causa del desabastecimiento en el país, se precisa de “la cooperación ciudadana”, e insisten también en que aquellos que actúen en complicidad con estos sujetos, pudieran enfrentar sanciones, pues esta actitud obstaculiza la acción de autoridades y órganos de justicia.
por Roberto A.
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