En un llamativo silencio mediático, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó una polémica ley que obliga a entidades del estado y algunas empresas privadas a verificar el estatus migratorio de un trabajador antes de contratarlo.
La ley para poner en marcha el sistema electrónico conocido como E-Verify entrará en vigor este miércoles, y fue firmada por DeSantis sin conferencia de prensa y sin ningún comunicado al respecto, informa CBS 12.
La normativa viene acompañada de la polémica porque cambiará, sustancialmente, las reglas del juego en la contratación de emigrantes, y desde su firma han aparecido las opiniones contrapuestas.
“Representa un cambio significativo en las prácticas de contratación de todos los organismos gubernamentales de Florida. Según la ley, los empleadores públicos y sus contratistas tendrán hasta enero de 2021 para registrarse y usar E-Verify o no se les permitirá sellar nuevos contratos”, añade el reporte.
La portavoz de DeSantis, Helen Ferré, explicó en un correo electrónico que por la “alta tasa de desempleo debido a COVID-19, es más importante que nunca garantizar que los residentes legales del estado se beneficien de los trabajos disponibles a medida que Florida continúe reabriendo de manera segura e inteligente”.
Con el gobernador estaba presente Cord Byrd, abogado y miembro de la Cámara de Representantes de Florida, quien afirmó que la nueva ley ayudará a los floridanos que han perdido sus empleos como resultado de los cierres originados por el fuerte impacto de la pandemia en el Estado.
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Del otro lado, comenzaron las críticas a la polémica ley que afectará a las familias de migrantes, en lo que ha sido interpretado por Thomas Kennedy, coordinador estatal de Florida de la organización pro inmigrantes United We Dream, como “otro ataque de DeSantis contra familias inmigrantes en el estado, que se produce un año después de la infame SB 168 ‘muéstrame tus papeles”, cita El Nuevo Herald.
DeSantis había prometido desde 2018 que exigiría a todos los empleadores que utilicen el sistema electrónico federal conocido como E-Verify, y con esta medida, si bien no cumple en su totalidad, sí amplía su uso.
Con la ley, el sistema administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. tendrá que ser usado por empleadores públicos de distritos escolares locales, universidades públicas y agencias estatales, además de contratistas privados.
No obstante, CBS 12 añade que “los empleadores privados no tienen la obligación de utilizar el sistema a menos que tengan un contrato con un empleador público o soliciten incentivos financiados por los contribuyentes a través del Departamento de Oportunidades Económicas del estado, a partir del 1 de julio”.
En opinión de Thomas Kennedy, el gobernador de Florida “continúa haciendo el trabajo sucio de (Donald) Trump en Florida con la firma de la ley E-Verify”.
Una información de FDW.US de febrero pasado, recordaba que los trabajadores indocumentados eran contribuyentes importantes a la economía de Florida, y que el E-Verify podría ser muy costoso porque de las aproximadamente 700,000 personas indocumentadas que vivían en el estado, alrededor de 440,000 estaban trabajando o buscando trabajo.
Omar Cortázar
