Acostumbrados a ofertar y buscar productos mediante numerosos grupos en redes sociales y servicios de mensajería, los cubanos podrían ver amenazada esa posibilidad por una reciente crítica de un medio oficialista, que califica esa extendida práctica como “delito”.
Cubadebate publicó un reportaje que ataca, directamente, la compraventa online de los cubanos o comercio virtual privado que desarrollan en Facebook o en servicios de mensajería como Whatsapp y Telegram, en especial el de productos importados por los viajeros, y de aquellos provenientes de las tiendas estatales.
Aprovechando este espacio sin regulaciones, las personas han creado verdaderas redes comerciales y grupos de intercambio en los que coinciden mercancías compradas en el extranjero por los cubanos; con otras nacionales, que salen en muchas ocasiones de tiendas o centros estatales.
A tono con la campaña reciente de la prensa oficialista, que ha realizado “juicios televisivos” al mostrar públicamente a personas detenidas en operativos policiales en la isla, parece que ahora llega el turno al espacio digital, hacia donde parece que se mudarán también las fuerzas del orden.
El medio se refiere a los aspectos legales de las “variadas y surtidas ofertas” de electrodomésticos, celulares, ropas, calzados, muebles, automóviles, materiales de la construcción, “el rostro más visible de una práctica que cobra fuerza en el país, pero que desde hace años combina lo permitido con lo ilegal sin mayores contratiempos”.
Desde el primer momento, Cubadebate deja claro la intención de su reportaje, al colocarle las etiquetas de ciberdelito, corrupción y delitos a esta compraventa online de los cubanos, en el que se mezclan productos de diversa procedencia.
“Es hora de comenzar a frenar una práctica desgastante para Cuba”, dice el periodista Yunier Javier Sifonte Díaz, quien afirma que estas prácticas contribuyen a virtualizar el mercado negro y a ejercer actividades no autorizadas por las legislaciones vigentes.
Después se plantea una serie de preguntas que advierten hacia dónde va este artículo titulado “Compraventas online: Los “huecos negros” del comercio en Cuba”.
“¿Cómo se controla un espacio digital alojado en servidores extranjeros y en el que a menudo coexisten a la vista pública conductas delictivas sancionadas por las leyes cubanas? ¿Por qué una alternativa útil y necesaria se aleja cada vez más de lo legal?”, señala.
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El medio oficialista emplea varios ejemplos para probar su tesis de que -en este espacio que el gobierno de la isla pretende controlar como lo intenta con el físico-, hay “encarecimiento y reventa de productos”.
Habla de que “miles de cubanos lidian a diario con un fenómeno que traslada al mundo virtual las mismas manifestaciones de ilegalidad y corrupción existentes en una parte del comercio tradicional. Entonces el acaparamiento, la reventa y los precios multiplicados ganan protagonismo”.
El redactor esquiva -con aparente elegancia- las propias carencias de la economía de la isla, acrecentadas por la COVID-19 y la dificultad en las importaciones, así como la corrupción proveniente de las propias instituciones estatales, con una leve mención.
“Más allá de respuestas vinculadas indiscutiblemente a la insuficiente producción nacional, la lucha contra la corrupción, al deficiente control económico, al escaso impacto de inspectores estatales y a las propias limitaciones del comercio estatal”, afirma que dos verdades quedan claras:
“De un lado, que el problema esencial no radica en la existencia de espacios virtuales para la compraventa, sino en las desviaciones que los dañan. Del otro, que es hora de comenzar a frenar una práctica desgastante para Cuba”.
Entre otros sitios, se mencionan al popular Revolico, portal de clasificados con años de exitoso funcionamiento, mediante el cual los cubanos resuelven muchas de sus necesidades.
Según el medio oficialista, hay tres grupos principales de ofertas: productos o servicios autorizados por las legislaciones vigentes, las de mercancías importadas y las de equipos o productos vendidos en las tiendas cubanas.
“El problema aparece en el caso de los dos últimos, los más comunes a simple vista”, afirma, porque violan “lo establecido en el país”.
En Cuba es habitual la venta de mercancías por los viajeros cubanos que las traen del extranjero, y que después son ofertadas en el país. Para muchos, es un medio de vida, y para otros, una forma de adquirir lo que no aparece en las tiendas nacionales. En este caso, los dueños establecen el precio.
Aunque entre los entrevistados por Cubadebate una parte opina que esto no debería considerarse ilegal, el sitio digital deja clara su postura al apuntar que “si bien en un futuro la prohibición de importar mercancías con fines comerciales pudiera revisarse, tanto en los pagos como en las cantidades, lo cierto es que en la actualidad no es una actividad permitida. Además, muchos productos entran el país no como gestión personal de emprendedores, sino como parte de otra operación ilegal encabezada por las conocidas “mulas”.
El texto es un extenso análisis y parcializado del fenómeno, en el cual se soslayan los éxitos demostrados de estas prácticas virtuales, visibles en forma de grupos gigantescos que agrupan a miles de personas, con normas de funcionamiento bien definidas.
El periodista Fernando Ravsberg publicó en su cuenta de Facebook que “la prensa cubana se lanza contra el comercio virtual privado. ¿No sería mejor aprender de ellos cómo organizar una tienda virtual?”, en una clara referencia a los problemas del comercio electrónico en la isla, organizado por el Estado.
Asimismo, el reportaje analiza la parte legal, en lo que puede leerse entre líneas como una advertencia de lo que pudiera ocurrir en el futuro para las miles de personas que ofertan por Internet, sea un producto desviado de la tiendas, los de la propia canasta básica, o un aire acondicionado comprado en el exterior.
Aunque las regulaciones existentes no fueron creadas para el tipo de actividad comercial que ocurre en el espacio digital, para un tribunal no existe diferencia entre una violación cometida en el plano físico o en el virtual, dice Arianny Casas Pérez, Presidenta de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara.
Mientras, la Presidenta del Tribunal Provincial Popular de esa provincia, Elena Margarita Cabrera Figueroa, asegura que la mayoría de las conductas vistas en estas páginas y grupos podrían configurar delitos de receptación, así como de especulación y acaparamiento.
Ante la pegunta de si la ley cubana tiene herramientas legales para juzgar “actos delictivos cometidos en Internet o con empleo de medios digitales”, la propia Arianny Casas responde que “el hecho que taxativamente no estén escritos en el código penal delitos o sanciones vinculadas específicamente al uso de Internet o las redes sociales para la venta de productos ilícitos, no significa un gran impedimento. Los jueces tenemos la posibilidad de interpretar los artículos y contamos con las herramientas para hacerlo. Lo importante es que nuestro pensamiento marche parejo a la evolución de la sociedad”.
El reportaje de Cubadebate apunta hacia una sola dirección: en el espacio virtual hay miles de personas cometiendo varios tipos de delitos, y es hora de frenarlos.
Como aquel refrán popular que reza que “cuando el río suena, es porque piedras trae”, cabe esperarse que el gobierno cubano siga el camino anunciado por Cubadebate y le declare la guerra también a la compraventa online de los cubanos. Quién sabe si también a Mark Zuckerberg por crear Facebook.
Omar Cortázar
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