Los oficiales de Las Tunas han requerido al menos a unas 60 mil personas, procediendo a multar a más de cinco mil 600 de los pobladores del territorio.
Hasta la fecha, en Las Tunas, se han realizado 84 procesos penales en los cuales han sido juzgados 91 ciudadanos, de los que 34 resultaron privados de libertad.
En una nota divulgada esta mañana por Periódico26 se recoge que del total de sancionados, 30 residentes en el territorio recibieron penas combinadas (privación de libertad que puede ser subsidiada por trabajo correccional sin internamiento o limitación de libertad de conjunto con la imposición de una multa), mientras que otros seis fueron objeto de sanciones subsidiarias, y en total multaron a trece.
Entrevistado por el diario oficialista, Daniel Cisneros Gil, presidente del Tribunal Provincial, detalló que “ocho personas fueron absueltas de los cargos, por considerarse que su conducta no tipificaba como hecho delictivo o no eran responsables ante los acontecimientos imputados”.
El letrado explicó que “la propagación de epidemias, desobediencia, desacato, resistencia y acaparamiento” están entre las conductas más frecuentes que dan lugar a la comisión de estos delitos.
“(…) el uso incorrecto del nasobuco, el comportamiento inadecuado ante el llamado de atención de las autoridades, la celebración de fiestas con la presencia de varios invitados y el acaparamiento de productos de primera necesidad”, son algunas de las causas que llevaron a los acusados a pararse delante de los tribunales.
Cisneros Gil refirió que algunos de ellos, le faltaron el respeto a las autoridades e incluso, llegaron a cometer “la agresión física a oficiales del Ministerio de Interior o a otra persona facultada por los consejos de Defensa para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el país.”
Contribuir a la propagación de epidemias es un delito
Lisbet Pavón Marchán, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, señaló que el Artículo 187 del Código Penal regula el delito de propagación de epidemias, “para aquellos que infrinjan las disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles”. Y ello incluye, no portar el llamado “nasobuco”.
En Las Tunas, por este “delito”, han sido juzgados hasta la fecha, 68 pobladores.
“Pueden ser objeto de sanciones que van desde tres meses hasta un año de privación de libertad, o multas de 100 a 300 cuotas o ambas”, señaló la experta.
Para aquellos que lo hacen de manera “consciente”, las penas pueden ser mayores pues “se incurre en una sanción de privación de libertad de tres a ocho años”.
Para los acaparadores, también hay sanciones “agravadas” en estos tiempos de pandemia, según lo que establece el Artículo 230 del Código Penal; y para quienes incurren en “la actividad económica ilícita, las condenas van de tres meses a dos años de cárcel, y multas de 200 a 1000 cuotas o ambas”.
“La Ley tipifica y estipula medidas contra otras violaciones, como la Infracción de las normas de protección al consumidor y la receptación”, añadió Pavón Marchán.
La actitud policial
Según la teniente coronel Misleydis Almenares Aguilera, jefa de la Unidad de Información y Análisis de la Jefatura de la Policía, hay que destacar “el respaldo de cadetes de los órganos competentes y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; además del Destacamento de Apoyo Popular, integrado por mujeres y hombres de distintos sectores de la sociedad.”
Estos “agentes” o “agentes en ciernes”, han sido fundamentales según el criterio de la oficial en la organización de las colas “para la compra de productos, el reforzamiento de la vigilancia y el patrullaje en las calles, junto a la rectificación de conductas inadecuadas.”
Los oficiales han requerido al menos a unas 60 mil personas, procediendo a multar a más de cinco mil 600 de los pobladores del territorio.
Otros mil 285 ciudadanos declaró, la oficial “han sido procesados, en lo fundamental, por el delito de propagación de epidemias, “como resultado, en su mayoría, de denuncias de la población. El 80 por ciento de las más de 940 realizadas corresponde a esta violación de la Ley”. Del total de las quejas remitidas por la ciudadanía, puntualizó, 84 correspondieron a acaparamiento, especulación y actividad económica ilícita.”
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