Bajo el título de Malversación de directivos inescrupulosos en centro de aislamiento para sospechosos de la Covid-19 en Cienfuegos, el diario provincial de la Perla del Sur, 5 de Septiembre, nos trae el caso de un robo detectado en la Villa Perlazúcar, perteneciente a la Empresa Provincial de Gastronomía, Alojamiento y Recreación, de la provincia, confirmándose esa vieja teoría que dice que en Cuba, los administradores también roban.
Dice el 5 de Septiembre que esa Villa prestaba servicios como el primer centro de aislamiento para sospechosos de la Covid-19 en Cienfuegos, y que apenas comenzó el trasiego, “se detectó allí la existencia de numerosas irregularidades que conllevaron a realizar una denuncia de malversación contra dos de sus directivos.”
“Una acción de control del órgano de Protección del Ministerio del Interior en Cienfuegos, desarrollada como parte del aseguramiento a los servicios y recursos destinados al enfrentamiento al nuevo coronavirus, encontró irregularidades que tenían lugar en la entidad,” expresa el heraldo cienfueguero esta mañana.
Menuda tarea para este órgano partidista: llevar a la prensa un hecho de estos, de administradores robando a tutiplén cada vez que le dieron un chance.
El diario entrevistó al teniente coronel Alexander Ibías Agrafojo, jefe del referido órgano del Minint, y el primer teniente Ramón Medina Águila, primer inspector de la misma especialidad, quienes dieron más detalles sobre este lamentable y deleznable suceso. Robar, malversar y desviar la comida de los enfermos es un acto que sin dudas merece repulsa, si bien hay que reconocer que la crisis económica y de valores que enfrenta la sociedad cubana desde hace varias décadas, impulsa a no pocas personas a robar, acaparar, revender y lucrar con lo que no les pertenece.
Lo más interesante de este caso es que se trate de individuos de “probada actitud”, porque para ser administradores, se pasa “todo un proceso”. Directivos que no pocas veces en sus vidas han sancionado a un “simple trabajador” por robarse una botellita de aceite. Así actúan no pocos oportunistas.
Dicen Agrafojo y Medina Aguilar que en el almacén se constató el faltante de productos, entre estos salchicha y pollo, especialmente de este último. También ocurrieron allí violaciones administrativas, constitutivas de delito, relacionadas con la contabilidad y documentación establecida.
El administrador dice que el dinero estaba, lo que no lo había depositado.
” Como un intento de justificar tales faltantes, uno de los administradores, y al parecer el principal implicado en el delito, refirió en un primer momento la existencia de efectivo, aún sin depositar, resultado de algunas ventas realizadas a trabajadores desde el almacén”, relata el artículo.
El hombre -administrador- no pudo mostrar ninguna documentación que respaldara lo que decía, y tuvo la mala suerte que los agentes le descubrieron in situ una mochila. Al revisarla encontraron nada más y nada menos que $25 mil 251 pesos en moneda nacional y 14 CUC. Para eso también el administrador tenía una respuesta.
Dijo que esa suma no se había depositado porque “el ajetreo de esos días le había impedido ir al banco”. Al revisarle la documentación, encontraron que sí había realizado depósitos en el Banco esos días.
Ante tales incongruencias, los especialistas del Órgano de Investigaciones Criminales (OIC) del Minint pidieron una investigación fiscal y económica más profunda que, aún sin ser definitiva arrojó un resultado preliminar de un faltante de $45 mil 910.24 CUP.
“Como parte de las investigaciones desarrolladas se determinó que desde que la villa inició sus servicios como centro de aislamiento el 11 de marzo, hasta el día 30 de ese mes, allí se procesaron y consumieron 4 mil 271 kilogramos de pollo, para un total de 4 mil 647 raciones de muslo con contra muslo. Cantidad excesiva si se tiene en cuenta que el promedio de pacientes y trabajadores de la Salud por día no llegó a 125. Además, los menús incluyeron otras ofertas como plato fuerte, y la documentación revisada también demuestra que en varios días se declararon números de comensales muy por encima de los que realmente tuvo el centro,” continúa diciendo el 5 en su nota.
El pollo viajó en cajas, a Cumanayagua.
Según el mayor Ángel Lorenzo García Mateu, instructor del OIC que conduce el proceso, se determinó que el administrador envió siete cajas de pollo el domingo 29 de marzo hacia Cumanayagua, destinadas a siete personas naturales, amistades del director de la villa.
Puesto de acuerdo con el administrador y el almacenero del restaurante Escambray, del mencionado municipio “realizaron acciones contables fraudulentas”.
Estos dos últimos individuos vendieron parte del pollo recibido “en transferencia”, en la parrillada del restaurante. Por “el servicio prestado”, recibieron como pago una caja per cápita de pollo congelado.
También se detectó el faltante de 13 cajas de helado y varios kilogramos de carne de cerdo.
Aparte de trece cajas de helado faltantes, y varios kilogramos de carne de cerdo, el principal encausado en esta estafa alimenticia “designó una cifra de cárnicos (pollo) para el aseguramiento a las tareas de la Covid-19 a un precio de 2,37750 el kg.” Luego, al facturarlas, puso como precio de costo en el expediente a $18.60 el kg. Esos $16 pesos de diferencia por cada kilogramo, sin dudas iban para su bolsillo.
Como resultado de todo esto, dice el 5 de Septiembre, “se realizó una denuncia por el delito de malversación, contemplado en el Código Penal en el artículo 336.1.”
“Además de la gravedad del delito, en este caso también se contempla la circunstancia en la que se perpetró, la cual constituye una agravante de la responsabilidad penal, pues el hecho se cometió en el contexto de una pandemia y, precisamente, en una entidad que cumplía un papel clave en su contención.”
Las investigaciones continúan abiertas, pero como dice el diario sureño “nada devolverá a su legítimo destino los valiosos recursos a los que les torcieron el rumbo,” por culpa de unos desalmados administradores.
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