América, una anciana cubana de 92 años, recibe nuevamente orden de desalojo. “Mi abuela está desesperada, no sabe qué hacer. Solo llora y dice que no entiende mucho lo que sucede”
Desde el 2017, América Hernández recibe en cada inicio de año una orden de desalojo. Según ha dicho a Cubacomenta su nieta Loliet Gómez, la anciana de 92 años está siendo juzgada por un delito que se le atribuye a su nieto varón, quien ocupa una parte de la vivienda, ubicada en Dolores 526 entre Aranguren y Lindero, en Barrio Azul, Arroyo Naranjo, en La Habana.
“Mi abuela es la propietaria de la casa hace 64 años. Como somos una familia grande se dividió en cuatro apartamentos con entradas independientes. Una de esos lo ocupaba mi primo, quien hace más de un año está preso porque se le asignan cargos de proxenetismo. Cuando comenzó ese proceso de investigación hace aproximadamente tres años, las autoridades vinieron a interrogar a mi abuela, quien para entonces tenía 89. No hubo testigos ni abogados durante el interrogatorio. Desde ese momento ellos decidieron que debíamos abandonar la morada en un mínimo de tres días. Hoy tú le preguntas a ella qué dijo, qué pasó y no se acuerda de nada. Hace tiempo que arrastra con problemas de memoria propios de la edad”.
Loliet explicó asimismo que a la anciana se le está juzgando por el decreto Ley 232, que establece las confiscaciones de viviendas por hechos relacionados con drogas, actos de corrupción u otros comportamientos ilícitos.
A grandes rasgos, esta legislación, en su artículo número 1 contempla la confiscación de la vivienda o local a quien haya practicado actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata de personas, pornografía, corrupción de menores, tráfico de personas u otros de esa índole. Además el decreto establece que dicha confiscación podrá disponerse cuando se trate del propietario legal de la vivienda o local, comprendiéndose también los casos en que este haya albergado en la vivienda a un tercero que comete los hechos previstos en el artículo anterior, siempre que la ocasión o las circunstancias concurrentes evidencien o hagan suponer racionalmente que el titular tiene conocimiento o relación con los hechos.
A juicio de Nuria Rodríguez, abogada especializada en temas de Vivienda y Planificación Física, “si América asegura no tener conocimiento sobre el delito de su nieto, ni realizar ninguna de las acciones previamente descritas, y no hay evidencias que demuestren lo contrario, no es culpable, y, por tanto, el proceso contra ella carece de argumentos”.
El jurista Alberto Gutiérrez considera que “por lo que cuentan los allegados, el interrogatorio al que fue sometida la anciana no procedió con las normas correctas. Teniendo en cuenta que no hubo testigos ni se le permitió consultar antes a un abogado. Sabiendo que se trataba de una mujer de 89 años entonces. En estos casos debe atenderse a la edad de los implicados y actuar en correspondencia”.
La nieta de la señora agrega que han sido muchos los reclamos que la familia ha hecho al respecto. “No sabría decirte la cantidad de cartas que he enviado al partido, a vivienda, a los gobiernos municipales y provinciales del Poder Popular. Incluso, a Esteban Lazo. En esa ocasión sus subordinados nos dijeron que lo sentían pero que no podían ayudarnos”.
La joven añade que este último lunes, cuando volvieron a ser citados para reiterar la orden de desalojo, se presentaron ante ellos funcionarios de todas las instituciones municipales y provinciales que tienen algo que ver con el tema de la vivienda. Todos nos volvieron a imponer la medida y negaron cualquier defensa de nuestra parte. Mi abuela está desesperada, no sabe qué hacer. Solo llora y dice que no entiende mucho lo que sucede”.
Hace apenas unas horas, en su perfil de Facebook, Loly Padrón, la hija de la anciana de 92 años, posteaba que había entregado en el Comité Central una carta en la que los vecinos se oponen al desalojo de su madre.
Este no es el primer intento de desalojo del que se tenga conocimiento en la isla. En octubre del 2018 algunos medios independientes y El Nuevo Herald informaron que Zoila Batista, una anciana ciega de 102 años fue obligada por el gobierno a abandonar la casa que había ocupado por más de 45 años.
Lucía Jerez
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