Integrantes de una organización independiente cubana que atiende a mujeres que viven en el medio rural temen por la seguridad alimentaria, y advierten de una posible crisis en el país.
“La hambruna que se avecina es muy grande”, dijo a Diario de Cuba Magdelivia Hidalgo, fundadora de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), preocupada por la situación económica que vive la isla debido a la pandemia, que se une a las dificultades ya existentes en el funcionamiento de su agricultura.
Sus integrantes en todo el país levantan voces ante los obstáculos que enfrentan los campesinos para producir y para encaminar el resultado de su trabajo, pues muchas veces los productos no llegan a la mesa de los cubanos por el ineficiente sistema de recogida y distribución de las entidades encargadas.
“Los campesinos tienen el compromiso de querer producir, sembrar, sustentarse con esos productos y de sustentar a quienes los rodean, pero en la situación en que están va a ser casi imposible”, manifestó al medio digital Lisandra Orraca Guerra, directora ejecutiva de FLAMUR en occidente.
Esta organización es promotora, junto a La Liga de Campesinos Independientes, de la campaña “Sin campo no hay país”, lanzada a finales de abril para demandar al gobierno cubano el cumplimiento de cinco medidas para evitar la hambruna y crisis alimentaria.
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Orraca explica que la iniciativa recibe el apoyo de otras organizaciones y personas que se suman, recopilando videos de campesinos y cuentapropistas, y hasta de los llamados “carretilleros” que venden productos.
“A veces se les echan a perder los productos que cosechan, ya que los obligan a vendérselos a Acopio, pero este tampoco los recoge. Están trabajando en vano, porque no le están sacando el fruto a lo que cosechan”, añadió a Diario de Cuba.
Las medidas que demanda FLAMUR para evitar la hambruna pretenden destrabar el bloque interno que afecta la producción agrícola, apuntó CiberCuba. Por eso, exigieron en abril los siguientes puntos:
-Libertad para la producción y distribución de nuestros productos.
-Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo con mercado.
-Libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden, por nuestra condición de campesinos independientes.
-Eliminar por diez años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos.
-Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Orraca añadió asimismo que el monopolio del gobierno cubano daña a los agricultores, sin “libertad ni autonomía para cosechar lo que deseen, y cuando lo cosechan no lo pueden vender a los precios que estimen convenientes, sino al precio que impone el gobierno”.
Con 2.125 mujeres de toda la isla entre sus integrantes, de acuerdo con las cifras brindadas por las directivas, FLAMUR trabaja con proyectos de emprendedores, otorga microcréditos para mujeres del campo, y organizan talleres de liderazgo y empoderamiento, entre otras acciones. Su preocupación mayor, en estos momentos, es evitar una posible hambruna por la falta de alimentos.
Sumida en una seria crisis económica, la dirigencia cubana ha instado a aumentar la producción como medida para enfrentar la escasez en los mercados y puntos de venta, pero en la práctica se suceden los problemas para quienes trabajan en el campo.
Entre otras angustias, los campesinos sufren meses de trámites para obtener tierras estatales ociosas en usufructo. Mientras el gobierno llama a producir más alimentos para un país necesitado, contrasta que hasta mayo pasado todavía se encontraban en trámites más de 12 000 solicitudes, en burocráticos trámites que demoran varios meses, a veces más de un año.
Hasta marzo, Cuba había entregado 2 300 000 hectáreas a 225 000 a personas naturales, según Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, que añadió que todavía quedaban unas 350 000 hectáreas ociosas sin ponerse en función de producir los alimentos que hoy escasean en los mercados y puntos de venta de la isla.
Julio Linares
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