Una triste historia que refleja el grado de deterioro en el civismo y la burocracia de no pocos funcionarios en Cuba. Que te usurpen una bóveda en un cementerio es algo muy doloroso; duele más cuando sabes que además, allí descansan otros restos.
Lo sucedido a la familia de Félix Alberto Témerez Pérez, residente en calle 5ta. final No. 11B, entre E y F, reparto Hermanos Cruz, de la ciudad de Pinar del Río, bien que pudiera servir como guión para una tragicomedia de las más duras. Es más, si Tomás Gutierrez-Alea estuviese vivo seguramente hacía un remake de su muy famosa y premiada cinta “La Muerte de un burócrata”, porque esto ¡no tiene nombre! Es una crónica sobre la usurpación de una bóveda en un cementerio.
Félix y su familia descubrieron un día que la bóveda familiar que tenían en el cementerio de Alquízar había sido adquirida por otras personas.
Fue su abuelo, Tomás Pérez Rodríguez, vecino de Avenida 89, entre 80 y 82, Alquízar, quien descubrió el cambiazo. El pobre hombre estaba lejos de imaginar el calvario que se le vendría encima luego, cuando comenzó, con toda justicia, los reclamos correspondientes.
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Los primeros tropiezos comenzaron cuando le pidieron los papeles que atestiguaban que esa bóveda era de su propiedad. Luego el asunto se enredó en los Tribunales, y por si fuera poco, descubrieron más adelante que una funcionaria de Comunales, “se había equivocado” al autorizar enterramientos en esa bóveda. La funcionaria, por suerte, más adelante, se vio obligada a pedir la renuncia a su cargo.
Claro que, dicho así pudiera parecer sencillo, pero no.
Menudo susto y decepción se llevó el abuelo de Félix cuando, al notar que algo raro sucedía en el panteón familiar, se acercó a la lápida y descubrió que esta “correspondía” a alguien fallecido el 17 de enero de 2018. Por si fuera poco, las lápidas y jardineras suyas las habían arrojado, al lado.
Cuando comenzó el proceso de reclamación, y fueron a la funeraria de Alquízar el 18 de noviembre de 2019, verificaron que “en el Registro de inhumados estaban los nombres y fechas de entierro de sus familiares, sin que figurara la inhumación de alguien más.” Tal parecía que alguien, sin autorización, había usurpado la bóveda, pero se había cuidado de hacerlo “oficialmente”.
No pocos tropiezos les puso el Director de Comunales, quien pidió el documento que avala la venta del terreno donde se construyó la bóveda, además del título de propiedad de la misma. No contento con esos dos papeles, les pidió la certificación de defunción de la bisabuela de Félix (propietaria de la misma); una carta de su hija, o sea, la abuela de Félix pidiendo le restituyeran lo que es de ellos, y una certificación de nacimiento de esta última, para verificar que era hija de la propietaria de la bóveda.
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Un mes después, tiempo que les dio el Director de Comunales, recibieron esta respuesta: “No hemos podido hacer nada porque no hay modelos”.
Molestos, Félix, su abuelo, porque la administradora de la funeraria no había podido elaborar unos documentos necesarios por falta de «modelos», se dirigieron a la Fiscalía. Allí, la Fiscal que atiende los derechos ciudadanos les orientó contactar a otra fiscal; luego, hicieron una denuncia en la Policía Nacional Revolucionaria del municipio de Alquízar.
Cuando ya por fin se cumplió el plazo que el Director de Comunales les había dado para la entrega de los papeles, los abuelos de Félix fueron a buscarlos, pero… ¡oh sorpresa! El funcionario les dijo que no podía entregar el documento porque el aportado «no constituye propiedad», pues «la bóveda hacía más de 30 años se encontraba abandonada». Y pidió más tiempo para revisar e investigar.
El 9 de diciembre, el Director de Comunales “no aparecía”, pero la intervención de una funcionaria de la Dirección Provincial de Comunales de Artemisa le dio un giro trascendental a la historia. Esta dijo que como la bóveda no es considerada un bien inmueble y por tanto Comunales no era responsable, ni siquiera de los cementerios.
¿A quién correspondía solucionar el entuerto? La funcionari dijo que “el sepulcro era del Gobierno”, aunque no dijo qué gobierno era el responsable.
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Entre una cosa y la otra, apareció el Director de Comunales para informarles que, aparte del occiso cuya lápida había visto el abuelo de Félix, dentro de la bóveda se encontraban otros dos cuerpos más. Los autorizados por la funcionaria que debió dimitir de su cargo.
Félix, y toda su familia esperan que alguien, ¡alguien, por Dios! se haga cargo de todo este rollo y les restituyan sus derechos.
«Mis abuelos cuentan con la propiedad de la bóveda, que aunque comprobante de pago por venta de un terreno en el cementerio, es un documento válido y legítimo, sin que se expidiera algún otro en aquel entonces (1964), como tampoco autorizaciones para construir en este. Nos pertenece la bóveda por el principio de Derecho de que “lo accesorio sigue a lo principal”, sin que el tiempo afecte las facultades de posesión, uso, disfrute y disposición,” expresan en su carta.
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